Nueva normativa comedores escolares

El Real Decreto 315/2025 introduce cambios de cara a una alimentación más saludable en los centros escolares; no solo refuerza algo que ya se venía recomendando, sino que cambia el enfoque, pasando ser una “buena práctica” a una obligación clara y exigible.

Lo más relevante:

1. Menús sin gluten obligatorios (Artículo 10)
Ya no depende de la voluntad del centro o de la empresa de catering. Si hay diagnóstico médico, el colegio debe proporcionar un menú adaptado. Esto reduce mucho la desigualdad entre centros y evita situaciones en las que las familias tenían que buscar soluciones alternativas.

2. Mayor transparencia (Artículo 11)

1. Los centros educativos informarán a las familias, tutores o personas responsables del alumnado de la planificación mensual de los menús que se servirán de forma clara y detallada, y les orientarán con menús adecuados para que la cena sea complementaria con el menú del mediodía, de acuerdo con las recomendaciones dietéticas vigentes de las autoridades sanitarias.

2. En los casos de los menús elaborados expresamente para el alumnado con necesidades especiales, se proporcionará también a los progenitores, tutores o responsables la información del párrafo anterior.

 3. La información incluirá el nombre de los platos, la técnica culinaria de elaboración, los tipos de salsas y guarniciones y el listado de alérgenos presentes en cada uno de los platos.

El nivel de detalle que se exige es clave:

  • Técnicas de elaboración
  • Salsas y guarniciones
  • Listado completo de alérgenos

Para la celiaquía, esto no es un detalle menor: permite detectar riesgos de contaminación cruzada o ingredientes ocultos.

El reto ahora no es tanto la norma como su aplicación real:

  • Formación del personal de cocina y comedor
  • Protocolos estrictos para evitar contaminación cruzada
  • Supervisión y control por parte de las administraciones
  • Recursos suficientes en centros públicos

Sin eso, el papel puede quedar bien, pero la seguridad no estaría garantizada.

Es un paso adelante sólido en derechos y seguridad alimentaria, pero el impacto real dependerá de cómo se implemente en cada centro.

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